¿Qué significa esto para ti?
Si tú o tu familiar cumplieron las tres quintas partes de la pena, tienen buena conducta y cuentan con un lugar y una familia que los esperan, el juez no puede negar la libertad condicional solo porque el delito fue grave, ni por condenas anteriores.
Ojo: el buen comportamiento no garantiza el beneficio de forma automática. También pesan el reconocimiento del daño, la reparación y el avance en el tratamiento penitenciario. Por eso la solicitud debe ir bien sustentada, con pruebas.
¿Puede el juez de ejecución de penas negar la libertad condicional a quien cumple los requisitos del artículo 64 del Código Penal, solo por la gravedad del delito?
Cómo han respondido las Cortes, 2005–2024
Lectura: desde 2014 la jurisprudencia se movió con claridad hacia la resocialización. En 2024 la Corte Suprema mantuvo la regla, pero la aplicó de forma más exigente.
Lo que hoy deben respetar los jueces
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Discrecionalidad judicial, subrogados penales y fin resocializador de la pena en Colombia
1. Pregunta problema
¿Puede el juez de ejecución de penas negar la libertad condicional a una persona condenada que cumple los requisitos del artículo 64 del Código Penal (tres quintas partes de la pena, adecuado desempeño en el tratamiento penitenciario y arraigo familiar y social) con fundamento exclusivo o determinante en la gravedad de la conducta punible por la que fue condenada?
- Polo A (tesis restrictiva): sí. La «previa valoración de la conducta punible» es un requisito autónomo. Por sí sola, la gravedad del delito puede justificar la negativa, aunque el interno haya avanzado en su resocialización.
- Polo B (tesis resocializadora): no. La valoración de la conducta es solo uno de los factores. Debe ponderarse con el proceso de resocialización y con todas las consideraciones, favorables y desfavorables, de la sentencia condenatoria. La gravedad, por sí sola, no basta para negar el subrogado, salvo que exista una prohibición legal expresa.
2. ¿Qué significa esto para ti?
Si tú o tu familiar cumplieron las tres quintas partes de la pena, tienen buena conducta en el establecimiento y cuentan con un lugar y una familia que los esperan, el juez no puede negar la libertad condicional solo porque el delito fue grave. Tampoco puede negarla porque la persona tuvo condenas anteriores. El juez debe estudiar todo el proceso de cambio de la persona en prisión y lo que dijo la sentencia, tanto lo favorable como lo desfavorable. Debe explicar con razones por qué todavía es necesario que siga encerrada. Ojo: la Corte Suprema también ha dicho que el buen comportamiento no garantiza el beneficio de forma automática. Pesan además el reconocimiento del daño causado, la reparación y el avance en las fases del tratamiento penitenciario. Por eso la solicitud debe ir bien sustentada, con pruebas. Hay delitos en los que la ley prohíbe expresamente la libertad condicional, como algunos cometidos contra niños, niñas y adolescentes, o el terrorismo, el secuestro extorsivo y la extorsión. Si el juez la niega sin hacer esa ponderación, hay recursos (reposición y apelación) y, agotados estos, puede proceder la acción de tutela.
3. Marco normativo vigente
- Constitución Política: artículos 1 (dignidad humana) y 29 (debido proceso y non bis in idem). Bloque de constitucionalidad: artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (la finalidad esencial de la pena privativa de la libertad es la reforma y la readaptación social del condenado), invocados por la Corte Constitucional en la C-757 de 2014.
- Código Penal (Ley 599 de 2000), artículo 4: la pena cumple funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. La prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión.
- Código Penal, artículo 64 (modificado por el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014): «El juez, previa valoración de la conducta punible, concederá la libertad condicional» a la persona condenada que cumpla tres requisitos:
- haber cumplido las tres quintas (3/5) partes de la pena;
- que su adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario permita suponer que no es necesario continuar la ejecución de la pena;
- demostrar arraigo familiar y social.
- Código Penal, artículo 68A (modificado por el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014; inciso 2 modificado por el artículo 1 de la Ley 2356 de 2024; parágrafo 3 adicionado por el artículo 19 de la Ley 2292 de 2023): establece la exclusión de beneficios y subrogados para determinados delitos. Su parágrafo 1 dispone que la exclusión no se aplica a la libertad condicional del artículo 64 ni al artículo 38G. Este punto es decisivo: el catálogo de delitos del 68A no puede usarse como razón para negar la libertad condicional.
- Prohibiciones legales expresas de la libertad condicional. Son los únicos supuestos en que la naturaleza del delito impide por sí misma el subrogado (AP3348-2022):
- Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), artículo 199 («Beneficios y mecanismos sustitutivos»). Para los delitos de homicidio o lesiones personales dolosas, los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales y el secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes, su numeral 5 dispone: «No procederá el subrogado penal de Libertad Condicional, previsto en el artículo 64 del Código Penal».
- Ley 1121 de 2006, artículo 26 («Exclusión de beneficios y subrogados»). Para los delitos de terrorismo, financiación del terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, excluye, entre otros subrogados, la «libertad condicional». La exclusión no cubre los beneficios por colaboración eficaz.
- Ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y Carcelario): el artículo 10 fija como finalidad del tratamiento penitenciario alcanzar la resocialización del infractor. El artículo 144 organiza el tratamiento por fases progresivas. Ambos son invocados por la Corte Suprema (AP3348-2022 y AP4975-2024).
4. Punto arquimédico
El punto arquimédico es el auto AP4975-2024 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (rad. 67037, 4 de septiembre de 2024). En el encabezado figura como magistrado ponente Gerardo Barbosa Castillo, y la decisión fue suscrita por una sala de conjueces. Es la providencia más reciente de órgano de cierre verificada en esta investigación que aborda de frente la pregunta problema. La Sala resolvió la apelación contra el auto AEP080 del 18 de julio de 2024 de la Sala Especial de Primera Instancia, que había negado la libertad condicional a un exmagistrado de la propia Sala de Casación Penal condenado por concierto para delinquir, cohecho propio y prevaricato por omisión. La Sala confirmó la negativa.
Su valor arquimédico está en que recoge la evolución entera de la línea y, a la vez, la tensiona. En el plano de la regla, la Sala se mantiene en el polo B: reitera que «la sola gravedad de la conducta no basta para decidir sobre la concesión del subrogado de libertad condicional». Reconoce que la Ley 1709 de 2014 suprimió la palabra «gravedad» y la expresión facultativa «podrá». Sin embargo, introduce tres matices que restringen la aplicación de la regla:
- No hay pesos fijos: «no es posible asignar, de manera absoluta, el peso concreto a un determinado criterio». El buen comportamiento intramural «es un factor indispensable y significativo», pero no siempre se impone sobre la valoración de la conducta, que debe hacerse «con igual rigor y seriedad».
- La Sala da peso a los actos posteriores al delito que demuestran la enmienda del daño causado, como el arrepentimiento, el reconocimiento del daño, la reparación o las excusas públicas. Advierte que «no se trata de aplicar un derecho penal de la venganza, sino de evaluar la razonabilidad» de continuar la ejecución intramural.
- La libertad condicional no se obtiene de forma mecánica por el tiempo cumplido y el buen comportamiento. El avance en las fases del tratamiento penitenciario (artículo 144 de la Ley 65 de 1993) es relevante.
Con base en esos matices, la Sala distinguió los autos AP2977-2022 y AP3348-2022. Dijo que abordan casos «parecidos, pero no idénticos», porque en ellos hubo aceptación de cargos, excusas públicas o muestras de arrepentimiento.
Para leerlo bien, conviene contrastarlo con el pronunciamiento constitucional más reciente verificado: la sentencia T-095 de 2023 (Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, 10 de abril de 2023, M. P. José Fernando Reyes Cuartas). Esta sentencia llevó el polo B a su expresión más garantista.
5. Ingeniería en reversa y nicho citacional
A partir del punto arquimédico y de la T-095 de 2023 se reconstruyó la red de citas:
- AP4975-2024 cita como eje la C-757 de 2014 y, como antecedentes, la C-194 de 2005, la T-528 de 2000 (personalidad y antecedentes como elementos de la readaptación), la C-294 de 2021 (fines de la pena) y el auto AP8301-2016 (rad. 49278). Además, examina y distingue el AP2977-2022 y el AP3348-2022.
- T-095 de 2023 cita la C-757 de 2014, la T-640 de 2017, la T-019 de 2017, la C-328 de 2016, la C-365 de 2012 (derecho penal de acto frente a derecho penal de autor), la C-371 de 2002 y la STP15806-2019 de la Corte Suprema.
- T-019 de 2017 (Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, 20 de enero de 2017, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) explica que la libertad condicional «tiene un doble significado, tanto moral como social». Estimula al condenado que ha dado muestra de su readaptación y motiva a los demás internos a seguir su ejemplo. Así se logra la finalidad rehabilitadora de la pena.
- AP3348-2022 cita y reproduce la STP15806-2019 (rad. 107644, 19 de noviembre de 2019), a la que califica de «valiosa». Dice que ese precedente ha sido reiterado por unas diecisiete tutelas de 2022 (de la STP2144-2022 a la STP7971-2022). También acoge el AP2977-2022 (rad. 61471) como precedente obligado y menciona en contraste el AP260-2021 (rad. 58799), que había confirmado una negativa fundada en la gravedad.
- T-640 de 2017 se construye sobre la C-194 de 2005 y la C-757 de 2014.
- C-757 de 2014 parte de la C-194 de 2005. Descarta la cosa juzgada material y apoya el fin resocializador en la C-261 de 1996 y la C-144 de 1997.
Nicho citacional: el núcleo de la línea lo forman cuatro providencias que se citan recíprocamente y de las que dependen las demás: C-194/2005 → C-757/2014 → T-640/2017 → STP15806-2019. A partir de 2022 la Corte Suprema añade sus propios autos de segunda instancia (AP2977-2022 y AP3348-2022). El AP4975-2024 los reinterpreta como decisiones atadas a sus hechos.
6. Clasificación de las providencias
| Providencia | Tipo (López Medina) | Aporte |
|---|---|---|
| C-194 de 2005 (CC, 2 mar. 2005, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra) | Fundadora | Bajo la Ley 890 de 2004, declara exequible la expresión «podrá» (numeral segundo). En el numeral tercero declara exequible «previa valoración de la gravedad de la conducta punible», «en el entendido de que dicha valoración deberá atenerse a los términos en que fue evaluada la gravedad de la conducta en la sentencia condenatoria por parte del juez de la causa». El juez de ejecución no queda autorizado para valorar de nuevo la gravedad. Su examen «no implica un nuevo juicio sobre la responsabilidad penal del condenado», por lo que no se vulnera el non bis in idem. |
| C-757 de 2014 (CC, 15 oct. 2014, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado) | Hito reconceptualizadora | Ante el nuevo texto de la Ley 1709 de 2014 («concederá» y «valoración de la conducta»), condiciona la exequibilidad «siempre y cuando la valoración tenga en cuenta todas las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el juez penal en la sentencia condenatoria, sean éstas favorables o desfavorables al otorgamiento de la libertad condicional». La valoración deja de ser solo de la gravedad y se vuelve integral. |
| T-640 de 2017 (CC, 17 oct. 2017, M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo) | Hito consolidadora (en sede de tutela) | Hay defecto sustantivo y desconocimiento del precedente cuando el juez niega el subrogado apoyándose solo en la gravedad. Así se «menospreciaron la función resocializadora del tratamiento penitenciario». Los jueces «no solo deben valorar la gravedad de la conducta punible, sino que les concierne valorar todos los demás elementos». |
| STP15806-2019 (CSJ, Sala de Tutelas, 19 nov. 2019, rad. 107644) | Hito consolidadora en la Corte Suprema | «No puede tenerse como razón suficiente para negar la libertad condicional la alusión a la lesividad de la conducta punible». El texto se cita según su transcripción en el AP3348-2022. Según ese auto, ha sido reiterada sistemáticamente en tutelas posteriores de la Sala. |
| AP2977-2022 (CSJ, 12 jul. 2022, rad. 61471, M. P. Fernando León Bolaños Palacios) | Confirmadora de principio (en segunda instancia ordinaria) | La gravedad no es el único factor. La Sala exige una ponderación que asigne «un peso importante al proceso de readaptación y resocialización del interno». Revoca la negativa y concede la libertad condicional a una exdirectora de un organismo de inteligencia del Estado. |
| AP3348-2022 (CSJ, 27 jul. 2022, rad. 61616, M. P. Fabio Ospitia Garzón) | Confirmadora de principio (en segunda instancia ordinaria) | «No es el camino interpretativo correcto, asociar que la sola gravedad de la conducta es suficiente para negar el subrogado». La previa valoración «no puede equipararse a exclusiva valoración». Revoca la negativa y concede la libertad condicional a un exfiscal condenado por delitos graves contra la administración pública. |
| T-095 de 2023 (CC, 10 abr. 2023, M. P. José Fernando Reyes Cuartas) | Hito consolidadora con extensión | Lleva la regla a los antecedentes penales: fundar la negativa en condenas ejecutoriadas previas es derecho penal de autor y vulnera el non bis in idem. «El juez no estaba facultado para valorar la comisión previa de conductas punibles por parte del accionante». Concede el amparo, ordena decidir de nuevo en 48 horas y compulsa copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. |
| AP4975-2024 (CSJ, 4 sep. 2024, rad. 67037; sala de conjueces) | Confirmadora de principio con aplicación restrictiva (punto de tensión, no cambio de línea) | Reitera que «la sola gravedad de la conducta no basta». Sin embargo, niega el subrogado porque, al ponderar, pesaron más la naturaleza de los delitos, el rol del condenado y el impacto institucional que su buen comportamiento, ante la falta de enmienda del daño causado. Distingue los precedentes de 2022 por sus hechos. |
Sentencia dominante: la C-757 de 2014, leída a la luz de la T-640 de 2017 y de la STP15806-2019. Es la que fija el estándar de control (valoración integral, favorable y desfavorable) y la que invocan todas las providencias posteriores de ambas cortes, incluido el punto arquimédico.
7. Gráfico de la línea
| Polo A: la gravedad basta para negar | Año · Providencia | Polo B: la gravedad no basta; prima la resocialización |
|---|---|---|
| ●── (puede negar por gravedad, atada a la sentencia) | 2005 · C-194 | |
| 2014 · C-757 | ──● (valoración integral, «concederá») | |
| 2017 · T-640 | ────● (no basta la gravedad) | |
| 2019 · STP15806 | ────● (la lesividad no es razón suficiente) | |
| 2022 · AP2977 | ────● (peso importante a la resocialización; concede) | |
| 2022 · AP3348 | ────● (previa ≠ exclusiva valoración; concede) | |
| 2023 · T-095 | ──────● (tampoco los antecedentes) | |
| 2024 · AP4975 | ─● (la gravedad no basta, pero exige enmienda del daño; niega) |
La línea muestra un desplazamiento claro y sostenido del polo A hacia el polo B entre 2005 y 2023, impulsado por el cambio legislativo de 2014 y su lectura constitucional. El AP4975-2024 conserva formalmente la regla del polo B, pero en su aplicación se acerca al centro. Al exigir actos de enmienda y avance en las fases del tratamiento, admite que la gravedad termine inclinando la ponderación en casos concretos.
8. Subreglas jurisprudenciales vigentes
- Cumplidos los requisitos del artículo 64 del Código Penal, el juez «concederá» la libertad condicional. El legislador de 2014 suprimió la facultad discrecional de negarla («podrá») (C-757/2014).
- La «previa valoración de la conducta punible» debe tener en cuenta todas las circunstancias, elementos y consideraciones de la sentencia condenatoria, favorables y desfavorables (C-757/2014; T-640/2017).
- El juez de ejecución no vuelve a calificar la gravedad. Toma la valoración hecha por el juez de conocimiento y la proyecta sobre la necesidad actual de continuar la pena (C-194/2005; C-757/2014).
- La sola gravedad o lesividad de la conducta no es razón suficiente para negar el subrogado. Debe ponderarse con el proceso de resocialización, al que se asigna un peso importante (STP15806-2019; AP2977-2022; AP3348-2022; T-640/2017; AP4975-2024).
- Negar por la naturaleza del delito solo procede cuando el legislador lo prohíbe expresamente, como en el artículo 199, numeral 5, de la Ley 1098 de 2006 y el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006. La exclusión del artículo 68A no se aplica a la libertad condicional (art. 68A, par. 1, CP; AP3348-2022).
- Los antecedentes penales o condenas anteriores ya cumplidas no pueden fundar la negativa. Hacerlo es derecho penal de autor y viola el non bis in idem (T-095/2023).
- El análisis debe centrarse en si es necesario continuar la ejecución de la pena en el establecimiento penitenciario. Omitir ese examen configura defecto sustantivo y desconocimiento del precedente, corregible por tutela (T-640/2017; T-095/2023).
- El buen comportamiento intramural es un factor indispensable y significativo, pero no opera de forma automática. Los criterios no tienen pesos fijados de antemano, y la valoración de la conducta y la del tratamiento deben hacerse con igual rigor (AP4975-2024).
- En la ponderación son relevantes los actos posteriores al delito que muestran enmienda, como la aceptación de cargos, el arrepentimiento, el reconocimiento del daño, la reparación o las excusas públicas. También lo es el avance en las fases del tratamiento penitenciario (AP4975-2024, con referencia al AP2977-2022 y al AP3348-2022).
- La valoración de la conducta por el juez de ejecución no vulnera el non bis in idem ni el juez natural, porque persigue una finalidad distinta (prevención especial) y recae sobre hechos posteriores a la condena (C-194/2005; C-757/2014; AP4975-2024).
9. Análisis crítico garantista
Legalidad en la ejecución de la pena. La C-757 de 2014 detectó el problema de fondo: una cláusula que ordena «valorar la conducta» sin parámetros abre un espacio de discrecionalidad incompatible con la legalidad de la ejecución. El condicionamiento redujo ese riesgo, pero no lo eliminó. El AP4975-2024 muestra que la ausencia de pesos predeterminados deja al juez un margen amplio. En los casos de alta connotación pública, ese margen tiende a inclinarse hacia la gravedad. Desde una perspectiva garantista, la ponderación debe ser motivada, verificable y anclada en la prueba del tratamiento penitenciario, no en el reproche social al delito.
Doble valoración y derecho penal de autor. La gravedad ya fue tasada en la dosificación de la pena. Si el juez de ejecución vuelve a usarla como obstáculo autónomo, la sanciona dos veces en la práctica, aunque formalmente no haya triple identidad. La T-095 de 2023 acierta al cerrar la puerta a los antecedentes. El mismo razonamiento debería aplicarse con rigor a la gravedad: el juez de ejecución juzga a la persona que hoy está en prisión, no al hecho de ayer.
El riesgo de la «enmienda» como requisito moral. Exigir arrepentimiento, reconocimiento del daño o excusas públicas puede leerse como una valoración legítima del pronóstico de reinserción. También puede convertirse en un requisito no previsto en el artículo 64. Ese requisito castigaría a quien mantiene su inocencia o ejerce acciones legales contra la condena, en tensión con el derecho a no autoincriminarse y con la presunción de buena fe en el ejercicio de recursos. La reparación sí es un requisito legal. El arrepentimiento expresado no lo es, y no debería operar como condición tácita.
Derechos humanos. El artículo 10.3 del PIDCP y el artículo 5.6 de la CADH hacen de la readaptación social la finalidad esencial de la pena privativa de la libertad. Un sistema progresivo que niega la última fase de reintegración a quien la ha merecido vacía de contenido el tratamiento penitenciario. Además, desestimula la participación en trabajo y estudio.
Política criminal y penitenciaria. El sistema penitenciario colombiano sigue bajo un estado de cosas inconstitucional por hacinamiento y condiciones de reclusión (será el objeto de la línea n.º 3 de esta serie). En ese contexto, negar la libertad condicional por razones retributivas tiene un costo sistémico: mantiene en prisión a personas que no lo necesitan para fines preventivos y agrava la sobrepoblación. La ampliación del catálogo del artículo 68A por la Ley 2356 de 2024 confirma una tendencia legislativa punitiva. Precisamente por eso, el parágrafo 1 del 68A, que preserva la libertad condicional, es hoy una garantía estructural que los jueces deben proteger. Las exclusiones absolutas de la Ley 1098 y de la Ley 1121 merecen una revisión crítica desde la prevención especial, porque niegan de antemano toda posibilidad de valorar la resocialización individual.
Igualdad. La línea revela un riesgo de trato desigual: casos con requisitos análogos reciben respuestas opuestas según el delito, la notoriedad del condenado o el despacho. La exigencia de motivación integral es también una garantía de igualdad.
10. Conclusión práctica para litigio
- Verifique primero que no haya prohibición legal expresa: artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 y artículo 26 de la Ley 1121 de 2006. Si la hay, el debate es otro, por ejemplo la favorabilidad o la colaboración eficaz.
- Prepare la solicitud como un caso probatorio de resocialización: cartilla biográfica, certificados de conducta (calificación «buena» o «ejemplar»), certificados de trabajo, estudio o enseñanza (y redención reconocida), fase de tratamiento alcanzada, concepto favorable del consejo de disciplina, pruebas de arraigo (domicilio, vínculos familiares, oferta laboral) y acreditación de la reparación, del aseguramiento del pago o de la insolvencia.
- Acredite la enmienda cuando exista: aceptación de cargos, actos de reparación, reconocimiento del daño o comunicaciones con las víctimas. Después del AP4975-2024 es un elemento que la Corte Suprema pondera.
- Extraiga de la sentencia condenatoria todo lo favorable: aceptación de cargos o preacuerdo, ausencia de agravantes, circunstancias de menor punibilidad, dosificación en el cuarto mínimo. La C-757 de 2014 obliga al juez a valorarlo.
- Anticipe y neutralice el argumento de la gravedad: cite la STP15806-2019, los autos AP2977-2022 y AP3348-2022 y la T-640 de 2017. Recuerde que incluso el AP4975-2024 reitera que la sola gravedad no basta. Argumente que la gravedad ya fue tasada en la pena y que la pregunta es si hoy es necesario continuar el encierro.
- Si se invocan antecedentes, cite la T-095 de 2023. Si se invoca el artículo 68A, recuerde su parágrafo 1.
- Recursos: interponga reposición y apelación contra el auto que niega. Si la negativa se funda solo en la gravedad o en antecedentes, agotados los recursos procede la tutela por defecto sustantivo y desconocimiento del precedente (T-640/2017; T-095/2023).
11. Fuentes
- Corte Constitucional, Sentencia C-194 de 2005: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-194-05.htm
- Corte Constitucional, Sentencia C-757 de 2014: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-757-14.htm
- Corte Constitucional, Sentencia T-019 de 2017: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-019-17.htm
- Corte Constitucional, Sentencia T-640 de 2017: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-640-17.htm
- Corte Constitucional, Sentencia T-095 de 2023: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2023/t-095-23.htm
- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, STP15806-2019, rad. 107644 (19 nov. 2019). Se cita según su transcripción en el AP3348-2022 (enlace abajo), porque el texto íntegro no está publicado en la relatoría en línea.
- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, AP2977-2022, rad. 61471: https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/relatorias/pe/b1jul2022/AP2977-2022(61471).pdf (comunicado oficial: cortesuprema.gov.co)
- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, AP3348-2022, rad. 61616: https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/relatorias/pe/b1ago2022/AP3348-2022(61616).pdf
- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, AP4975-2024, rad. 67037: https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/relatorias/pe/b1sep2024/AP4975-2024(67037).pdf
- Código Penal (Ley 599 de 2000), artículos 64 y 68A, Secretaría del Senado: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr002.html
- Código Penal (Ley 599 de 2000), artículo 4, Secretaría del Senado: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html
- Ley 1098 de 2006, artículo 199, Función Pública, Gestor Normativo: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=22106
- Ley 1121 de 2006, artículo 26, Normograma del Ministerio de Relaciones Exteriores: https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/ley_1121_2006.htm
Fecha de última actualización: 20 de noviembre de 2026.
Este contenido es informativo y no reemplaza la asesoría jurídica sobre un caso concreto.
Yisela Cárdenas Castro
Abogada penalista